El termino república bananera se suele utilizar originalmente para referirse a republicas sudamericanas cuya economía depende del agroestractivismo y el comercio de materias primas. A la par que su actividad política depende de los deseos e inquietudes de las potencias neo coloniales y de las compañías extranjeras que compran sus productos o más bien los expolian. Es decir, de EEUU y de sus compañías, mineras, petroleras o fruteras (como la malvada Fruit Company). Este término es muy apropiado para Ucrania desde los 90.
Se puede decir que el gobierno real de ucrania sino está en la embajada de Rusia, está en la embajada de EEUU.
En este contexto real es en donde se intenta imponer la Ley de Seguridad ucraniana. Que tenía una de sus grandes virtudes en el ordenamiento jurídico sobre desalojos espress de viviendas y fincas por fuerza mayor o interés general del Estado. Una ley que establece y otorga poderes extraordinarios a la policía y el ejército para desalojar por la fuerza cualquier propiedad privada que tenga que ser expropiada por el estado por una fuerza mayor económica. Sin previa indemnización ni valoración oficial de los bienes expropiados. Se establece que la resistencia contra estos actos de expolio por parte del estado serán objeto de represión sin limitaciones de fuerza y castigados severamente. Las fuerzas del orden pueden utilizar la fuerza mortal en caso de considerar que tienen peligro de ser lesionados gravemente en el ejercicio del mantenimiento de la Ley. Esto es extraordinariamente útil para la expropiación de tierras de cultivo de minifundios y medianas explotaciones, para ser engullidas por la agroindustria o la industria del gas de esquisto. Incluso para la expropiación de viviendas de poblaciones enteras para no ser un estorbo para los señores de la fractura hidráulica que en numerosas ocasiones envenena las aguas subterráneas e inutiliza las tierras de cultivo. Como ha ocurrido en numerosas regiones de EEUU.
En enero de 2014 el proletariado en Ucrania por unas razones u otros se levanta contra su burguesía en la práctica.
No necesariamente contra la burguesía rusa pues las medidas de la Ley de seguridad benefician más aun a todas las empresas occidentales extractivistas que a la burguesía nacional, oligarcas ucranios.
Las masivas revueltas durante un mes fueron bautizadas como revueltas de la plaza de Maidan en Kiev. En el trascurso de esa crisis de orden público la burguesía ucraniana está sometida a una gran presión por la falta de recursos para mantener su estado y la presión de sus acreedores e inversores. Las oleadas de sobornos a empresarios y políticos pretendían allanar el camino a los nuevos negocios, el estado ucraniano ya contaba con los nuevos ingresos. Al mismo tiempo que se habían firmado tratados de libre comercio, con la Unión Europea, para facilitar las exportaciones de las industrias agroindustriales protegidas y elevadas a todo poderosas por la Ley de Seguridad. La burguesía ucraniana corría en una carrera de ratas en un laberinto y unos tomaron un camino y otros otro. La imposibilidad de imponer la Ley de Seguridad y el temor de la burguesía, y la aristocracia militar rusa de perder sus bases militares en Crimea por un acercamiento con la OTAN. Lleva a que un sector de la burguesía ucraniana llegue a un acuerdo con la burguesía rusa para recibir un rescate financiero a fondo pérdida, cuya condición es revocar los acuerdos firmados con la burguesía occidental. Mientras que otra parte de la burguesía ucraniana, con los sobornos ya gastados, se niegan a aceptar tal cosa y se preparan para sustituir la Ley de Seguridad por otras cosas. Esto desemboca inicialmente en un enfrentamiento directo en las calles aprovechando las manifestaciones masivas. La supuesta rebelión contra la burguesía prorrusa es una expresión más de la infiltración de la ideología burguesa en el proletariado y de los elementos mercenarios reaccionarios de la burguesía en las revueltas proletarias. Los elementos de las barras bravas, juligans del Dinamo de Kiev ya habían controlado la situación en Kiev y otras zonas. Expulsando de las manifestaciones a todos los elementos que no se plegaran al discurso reaccionario promovido por un sector de la oligarquía ucraniana. La reivindicación principal una vez retirado el proyecto de la Ley de Seguridad es expulsar al presidente y unirse a la Unión Europea. En Febrero y Marzo se desarrolla la última fase de las algaradas que ya se desliza hacia un enfrentamiento interburgues azuzado por los medios de comunicación occidentales que evidentemente no dicen nada de lo que sustituirá a las Ley de Seguridad.
Porque los negocios ya pactados no se iban a tocar, y suponían antes y ahora un desalojo masivo de habitantes superfluos.
La batalla del Maidan definitiva se salda con decenas de muertos en enfrentamientos entre la guardia antimotines Berkus y los juligans.
Curiosamente en él, murieron muchos más manifestantes no adscritos a los grupos de juligans, que son calificados desde el principio como de extrema derecha, pero que sin embargo no están relacionados directamente con la gestión criminal de la miseria ucraniana.
Una vez caído el presidente Yanukovik nadie movió un dedo a su favor pero se intentó seguir el movimiento de protestas para reivindicar otras cosas como el federalismo, el fin de la miseria, de la corrupción, que detuvieran o expulsaran a otros oligarcas, pro occidentales. Pero en este caso la represión fue brutal.
La Ley de Seguridad fue sustituida por el chovinismo y las injurias descabelladas contra todo aquel que siguiera protestando. La nueva ley de seguridad fue el conjunto de leyes antirrusas.
Todo para garantizar el desalojo de millones de personas sobrantes inútiles para la producción de mercancías y un estorbo para las corporaciones trasnacionales. La prohibición de las manifestaciones por el federalismo por ser un elemento que “atenta contra la unidad nacional”, la ilegalización del Partido Comunista, un partido reaccionario y semireligioso pero vinculado a los viejos rusos, la prohibición en la administración, escuelas y locales públicos del ruso.
Además del permiso social, político y policial para cazar en las calles a maricas, “negros”, gitanos, anarquistas, rojos y gente que habla ruso.
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